Privatizando (IV). Más protagonistas

Decía Paul Krugman en El Pais del 24 junio de 2012 que “la privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver”. Por otra parte “la privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos”. Para no dejarse confundir, este autor recomendaba “seguir el dinero… a medida que se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos”.

Hablé la semana pasada del grupo Capio, llamativamente vinculado a sectores influyentes del PSOE (lo que no quiere decir que no haya importantes sectores de la derecha implicados: tratándose de negocios no cuenta el color político, especialmente si hablamos del que muchos ya llaman PPSOE). Hoy voy a centrarme en el segundo en volumen de negocio, alimentado por los gobernantes peperos. Me refiero al grupo Ribera Salud,  siempre ligado a la sanidad pública. Siguiendo la publicación de Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero,  la Generalitat “lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira”. ¿De dónde salió el dinero? Pues de las cajas de ahorro: Bancaja y la CAM fundamentalmente. Ya sabemos lo que ha sido de ellas, de forma que el grupo ahora está en manos de Bankia y Banco Sabadell. También sabemos de dónde sale el dinero para sanear estas entidades. ¿Dónde está pues esa magnífica gestión privada?

Según se señalaba en el artículo ya mencionado Ribera Salud Grupo ha “participado en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat”: en Torrevieja,  Dénia, Elche… La expansión del grupo ha ido acompañada de la transformación en “un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública”. Esto ocurría a partir de 2007,  estando en relación con “la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira... con estrechos lazos con el PP”. La expansión de la compañía se ha basado en dos autonomías de referencia para el PP: Valencia y Madrid.

Pero, al margen del apoyo financiero de las cajas, ¿quién ha aportado el conocimiento del sector? En el inicio del “experimento del hospital de Alzira” estaba Adeslas. Según señalaba Jaime Prats en el ya referido diario (El País, 6 de enero), esta compañía buscó los socios para un “negocio que consistía en construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la Administración por cada habitante asignado al centro”. Como señalaba el mismo, “los números no salieron… ni el primer año (con unas pérdidas de un millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por valor de 2,67 millones en 2002)”, y aunque se suponía que, como en cualquier negocio privado, las pérdidas correrían por cuenta de los accionistas, fue la Generalitat quien “rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso… en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria… incluyó en el lote la atención primaria… subió la cuota por habitante en un 68%”. 

¿Saben quién andaba al frente de aquellos negocios de Adeslas? Pues se trata de Antonio Burgueño, quien actualmente es director general de Hospitales del Gobierno de Madrid y principal responsable del programa de privatización de la sanidad pública en esa comunidad.

Privatizando (III). Protagonistas

En los artículos de las semanas previas he esbozado el escenario de la privatización de la asistencia sanitaria en nuestro país. Quiero hablar hoy de algunos de sus protagonistas.

Según señalaban Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero, el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España es el grupo Capio Sanidad, que en 2011 facturó algo más de 673 millones de euros, de los que alrededor del 75% proviene de las arcas públicas. Pero, ¿quién es Capio? Siguiendo estas mismas fuentes, hay que subrayar que el origen de Capio está en Castilla-La Mancha, mediados los años 90 del pasado siglo, en “una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas”. Este surgió con un interés muy concreto: aprovechar “el hueco” que suponían las listas de espera. Vieron que se podían obtener pingües beneficios vía conciertos, con el objetivo de disminuir las listas de espera. A este proyecto se incorporó “pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista… experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo… y subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González”. Siguiendo el relato de los autores ya referidos, se empezó a operar a pacientes de listas de espera en Albacete, y “en 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores”. En ese momento se planteó la creación de “un gran grupo sanitario”, para lo que echaron mano de Víctor Madera, un médico que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que, según las mismas fuentes, ha tenido como uno de sus mentores a Fernando Lamata, profesor suyo en el master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad. Madera es actualmente el presidente del “grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía… Su figura convenció al fondo de capital riesgo británico CVC”, propietaria del 60% de la empresa. Las compañías de capital riesgo conocen bien este campo de negocio, y son plenamente conscientes de la gran ventaja que supone para el sector sanitario privado “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. En la actualidad Capio está considerado como el grupo más potente, tanto por el tamaño, como por su experiencia, o por contar “con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras”… En el artículo de El País se pone en boca de Fernando Lamata la siguiente afirmación: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.

Resumiendo: en una comunidad autónoma gobernada durante años y años por el PSOE algunas personas perfectamente conocedoras del mundo sanitario, junto a otras perfectamente instaladas en la élite política, ven un magnífico campo de negocio en el “saco sin fondo” de las listas de espera. En consecuencia deciden montar una empresa privada que se abastecerá de pacientes provenientes de la sanidad pública, y ésta pagará los gastos. Es cuestión de hacer una cierta inversión. La cuestión es: ¿por qué no hizo esta inversión la sanidad pública? A la larga le hubiera resultado más rentable. Pero hay muchas más preguntas: ¿por qué no se rentabilizaron al máximo los recursos de la sanidad pública?, ¿por qué tanto énfasis en las listas de espera? (ya hablaré algún día con más detenimiento de esta cuestión; vaya por delante mi convicción de que se trata de un asunto utilizado con demagogia, sin delimitar qué es o no demorable, y sin abordar que es una de las garantías de sostenibilidad y equidad de los sistemas públicos de atención a la salud). Pero diría incluso más, la promulgación de la Ley de Garantías en Atención Especializada o la construcción de hospitales comarcales innecesarios, algunos ahora próximos a ser privatizados, ¿a qué fin último respondían?

 

Privatizando (II). Alternativas

Terminaba la semana pasada con una referencia al artículo de García Vega en El País del 28 de octubre, en un suplemento sobre “Los recortes de la salud”. Según se señalaba en el mismo,  “la sanidad deja de ser un derecho universal para convertirse en una contraprestación por los años cotizados”, y se busca “excluir a ciertos colectivos y favorecer el aseguramiento privado”, en opinión del analista en comunicación Enrique Alcat y del portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública Marciano Sánchez Bayle, respectivamente.

Daba García Vega algunas cifras que hablan por sí solas de la buena salud de la privada, como que el 30% de los españoles tiene doble aseguramiento, o que el volumen de primas del seguro de salud privado en el primer semestre del año pasado experimentó un crecimiento del 3,16% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Abundaba en este tema Alfonso Simón, a través de datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), que en junio de 2012 mostraban que el total de asegurados había crecido un 1,06% en los 6 meses previos, alcanzando los 10,5 millones de ciudadanos asegurados; en primas el resultado era aún mejor, con el referido aumento del 3,16% interanual, alcanzando los 3384 millones de euros de ingresos en el primer semestre. Como indicaba Simón, “estas compañías saben que la lentitud de respuesta en la sanidad pública, para ciertas pruebas, consulta al especialista o intervenciones no urgentes, se convierte en su mejor baza”. Bien lo saben los usuarios del SESCAM, especialmente aquellos que en los últimos meses hayan recurrido a realizarse, por ejemplo, una ecografía en una clínica privada, ante la desproporcionada lista de espera de la sanidad pública.

Según Simón, “el motor en las pólizas continúa siendo la contratación colectiva, la que las compañías pagan a sus trabajadores y familiares”. Y es que “estos seguros tienen ventajas fiscales, pues no se consideran retribución en especie hasta que no superan los 500 euros anuales por persona”. En conjunto, “unos 6,1 millones de ciudadanos utilizan esta asistencia sanitaria, a los que se suman 1,9 millones de funcionarios de las mutualidades como Muface…, los 1,05 millones de las concesiones de los hospitales públicos…, y los 2,3 millones de salud dental”.

En ese suplemento se aportaban alternativas a los recortes, en la línea de las que he expuesto en repetidas ocasiones, en un artículo firmado por Elena Sevillano y que trataba de lo que se ha dado en llamar “desinversión”, que no es otra cosa que dejar de hacer lo que no sirve. Así, Ignacio Riesgo en el informe “Diez temas candentes de la sanidad española para 2012”, habla de “lucha contra el despilfarro”, que cifra en un 30-35%, y que clasifica en tres tipos: “el que deriva de la conducta de los individuos (obesidad, tabaco, falta de ejercicio), el operativo, referido a compras y procesos, y la actividad clínica, con pruebas repetidas e innecesarias y prolongaciones de  estancias en el hospital”.

Jaume Puig-Junoy, profesor de la de Universidad Pompeu Fabra, subraya en este sentido que “menos de lo mismo no lleva a ninguna parte”, por lo que propone una “reforma inteligente: dejar de gastar en tratamientos y procedimientos de escaso valor para la salud según criterios clínicos y científicos, y pagar de forma selectiva por las innovaciones”, “convertir en emprendedores a los que trabajan en la atención primaria”, “pagar por tener sanos y controlados a los pacientes con problemas de salud crónicos” y “dejar de pagar fortunas por cualquier novedad sin tener en cuenta la aportación terapéutica”.

Sevillano subrayaba “la necesidad de evitar el uso inapropiado de la tecnología”, y daba como ejemplo el número de TAC y resonancias que se realizan en España por habitante y año, superior en un 23% a la UE. En cuanto al concepto de “desinversión”, recoge un estudio realizado por el Servicio Nacional de Salud británico, que “concluye que podría ahorrar 500 millones de libras anuales quitándose de encima los tratamientos menos efectivos”. En esta línea recoge algunas recomendaciones de Puig-Junoy, entre las que quiero destacar dos: “publicar una lista con criterios clínicos y científicos de lo que no hay que hacer” y “establecer criterios racionales y transparentes de priorización de las listas de espera”.

Privatizando

Aunque la realidad es tozuda y, día si día también, nos sacude con nuevas evidencias que no dejan lugar a dudas sobre la catadura moral de aquellos que nos (des)gobiernan, no debemos perder de vista que, por encima de “un quítame allá esos sobres”, con lo que verdaderamente nos hacen daño es con sus políticas, que son las que a la postre les enriquecen. Los sobres solo llevarían calderilla en comparación. Por eso es preciso insistir, hasta el hartazgo si hace falta, en que uno de los intereses centrales de la política de la derecha es la privatización de los servicios públicos. Quiero en el artículo de hoy reafirmar algunos de los planteamientos que vengo defendiendo desde hace tiempo, apoyándome en datos extraídos de la prensa nacional.

Leía hace unas semanas, en El País del 2 de diciembre, un reportaje firmado por Abril, Sevillano y Prats, sobre el trasvase bidireccional de directivos y gestores entre los sectores público y privado de la sanidad. Hablaba de lo que los anglosajones llaman “revolving door”, que podríamos traducir como “puerta giratoria”, y que hace referencia al “tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas”. Señalaban cómo esto es ya frecuente en España: “personas que ponen al servicio de las firmas privadas todo el conocimiento adquirido en la sanidad pública como al contrario, cargos que desde la Administración impulsan iniciativas privatizadoras que benefician a las empresas del sector sanitario…”la estrategia del caballo de Troya””.  Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) existiría “una falta de información sobre el resultado de las experiencias privatizadoras: contrariamente a lo que publicitan sus defensores, en la práctica no se han demostrado ventajas que aconsejen su adopción”. Subrayaban los autores: “Se dice que la sanidad pública no es rentable, pero sí parece un negocio desde el punto de vista de la privada”. En palabras de un consejero de Capio: “La prueba es que todos los fondos de inversión mundiales quieren invertir en la sanidad privada”.

Concluía este artículo con la siguiente aseveración: “en tiempos de recortes públicos, aumenta la demanda de atención privada y, además, la posibilidad de estas empresas de ganar dinero con las privatizaciones…”.

Ese mismo periódico, publicaba el 18 de noviembre un artículo de Fernando Barciela, sobre “La excelente salud de la sanidad privada”, en el que señalaba que “pese a la crisis, los seguros de salud han crecido un 29% entre 2007 y 2011, desde los 5140 hasta los 6589 millones de euros, y las clínicas privadas, un 16% en el mismo periodo”. Estos resultados explicarían “el interés del capital riesgo que hace cola cada vez que se anuncia una oportunidad”. Las dificultades que atraviesa la sanidad pública “son vistos por las aseguradoras y sus suministradores, los grupos hospitalarios, como una oportunidad”, al tiempo que “están disparando un nuevo segmento de clientela, los que buscan un servicio complementario debido a que las reformas de la sanidad van a dejar a gente fuera, o con menos prestaciones”, o por el hecho de que las listas de espera “se estén disparando en algunas comunidades”.

También El País publicaba el 28 de octubre un extra de su suplemento  de economía sobre “Los recortes de la salud”. En él, García Vega subrayaba que “es imposible ahorrar 7267 millones de euros en gasto sanitario, como pretende el Gobierno, sin generar dolor. En los pacientes, en la atención médica, en los profesionales que prestan el servicio, en la calidad de la asistencia, en la biotecnología, en la investigación sanitaria…en la salud”. En ese reportaje se recoge la opinión de Joan Benach, experto en salud pública y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, sobre cómo se quiere hacernos “pasar de un sistema nacional de salud a otro basado en el seguro sanitario privado para los ricos, la Seguridad Social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de las personas”, al tiempo que advierte: “La salud es un negocio infinito y la quieren convertir, al igual que la educación, en una nueva burbuja económica”. “Para hacer negocio con la privada primero tienes que desprestigiar, debilitar y parasitar la pública”, de forma que “todo responde a una estrategia ideológica”, que vendría a decir: “El sistema privado es más eficiente que el público, los usuarios están abusando de la sanidad o el sector público es insostenible y burocrático”. Sin embargo, “ninguna investigación rigurosa, ni la Organización Mundial de la Salud, sostienen estas tesis”.