Privatizando (IV). Más protagonistas

Decía Paul Krugman en El Pais del 24 junio de 2012 que “la privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver”. Por otra parte “la privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos”. Para no dejarse confundir, este autor recomendaba “seguir el dinero… a medida que se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos”.

Hablé la semana pasada del grupo Capio, llamativamente vinculado a sectores influyentes del PSOE (lo que no quiere decir que no haya importantes sectores de la derecha implicados: tratándose de negocios no cuenta el color político, especialmente si hablamos del que muchos ya llaman PPSOE). Hoy voy a centrarme en el segundo en volumen de negocio, alimentado por los gobernantes peperos. Me refiero al grupo Ribera Salud,  siempre ligado a la sanidad pública. Siguiendo la publicación de Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero,  la Generalitat “lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira”. ¿De dónde salió el dinero? Pues de las cajas de ahorro: Bancaja y la CAM fundamentalmente. Ya sabemos lo que ha sido de ellas, de forma que el grupo ahora está en manos de Bankia y Banco Sabadell. También sabemos de dónde sale el dinero para sanear estas entidades. ¿Dónde está pues esa magnífica gestión privada?

Según se señalaba en el artículo ya mencionado Ribera Salud Grupo ha “participado en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat”: en Torrevieja,  Dénia, Elche… La expansión del grupo ha ido acompañada de la transformación en “un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública”. Esto ocurría a partir de 2007,  estando en relación con “la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira... con estrechos lazos con el PP”. La expansión de la compañía se ha basado en dos autonomías de referencia para el PP: Valencia y Madrid.

Pero, al margen del apoyo financiero de las cajas, ¿quién ha aportado el conocimiento del sector? En el inicio del “experimento del hospital de Alzira” estaba Adeslas. Según señalaba Jaime Prats en el ya referido diario (El País, 6 de enero), esta compañía buscó los socios para un “negocio que consistía en construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la Administración por cada habitante asignado al centro”. Como señalaba el mismo, “los números no salieron… ni el primer año (con unas pérdidas de un millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por valor de 2,67 millones en 2002)”, y aunque se suponía que, como en cualquier negocio privado, las pérdidas correrían por cuenta de los accionistas, fue la Generalitat quien “rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso… en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria… incluyó en el lote la atención primaria… subió la cuota por habitante en un 68%”. 

¿Saben quién andaba al frente de aquellos negocios de Adeslas? Pues se trata de Antonio Burgueño, quien actualmente es director general de Hospitales del Gobierno de Madrid y principal responsable del programa de privatización de la sanidad pública en esa comunidad.