Un año “amarrado a la columna”

Espero no molestar a nadie con el título, que, a pesar de las fechas en que estamos, no tiene ninguna intención especial, más allá de la de llamar la atención del lector.

El día 15 de marzo de 2012, coincidiendo con la celebración de unas Jornadas sobre Sanidad Pública y Sostenible, se publicó mi primer artículo en El Pueblo de Albacete. Este fue el inicio de una colaboración semanal, que llevó a la publicación de una columna todos los miércoles, de forma ininterrumpida, hasta el 16 de enero de 2013, en que después de haber publicado el artículo titulado “Bien pagá”, fue retirado de la web de dicho diario. Y ahí acabó mi colaboración con quienes “a estas alturas de la película” ejercen la censura para proteger a sus protectores (valga el juego de palabras a pesar de la redundancia).

En ese tiempo fueron muchas las personas que me comentaban sobre lo escrito, personalmente o a través de las redes sociales. Ocasionalmente también apareció algún comentario de apoyo o reconocimiento en la web del periódico. Sin duda esto siempre fue un aliciente, pero al margen de este respaldo, escribir una columna semanal ha estado suponiendo una verdadera terapia personal. Verbalizar toda la rabia contenida que genera el entorno económico y político que nos ha tocado vivir ha sido un ejercicio de lo más saludable.

Así que decidí continuar con mi columna semanal en este blog, que había creado coincidiendo con el comienzo del año y la desaparición de la versión impresa de El Pueblo de Albacete. Los primeros datos de seguimiento me alentaron a seguir en esta línea: 167 visitas hubo en “Bien pagá” y 131 en “Censura”. Sin embargo “Agotados de esperar el fin” cayó a 37, “La guerra de Gila” a 20, y la serie “Privatizando” ha tenido un máximo de 21 y un mínimo de 8. En las últimas semanas ha habido un pequeño repunte, llegando hasta superar a veces las 50 visitas. Curiosamente ha habido semanas con casi tantos visitantes del blog en España como fuera, destacando EEUU, con algunas visitas esporádicas en Alemania o Reino Unido (incluso una de mis hijas me lee alguna vez en Holanda).

Qué duda cabe que la columna del periódico era un escaparate mucho más accesible que el blog. Llegaba a mucha más gente, aunque fuera por casualidad. Había muchos lectores esporádicos, y para los más asiduos un lugar definido dónde localizar el artículo. No me preocupó nunca colaborar con un medio de comunicación reaccionario mientras me dejaron expresarme con libertad. Creo que valió la pena pagar el peaje “colaboracionista”, si es que así se puede llamar.

En otro orden de cosas, en el año transcurrido mucho ha cambiado, y no precisamente a mejor. Inicié la columna en “un momento dulce”. Unas semanas antes habíamos celebrado las III Jornadas de Medicina de Familia para estudiantes de medicina, con un éxito rotundo, fruto de la colaboración de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia (SCAMFYC) y de los representantes en la Facultad de Medicina de Albacete de la Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA). Esa colaboración se continuó en las Jornadas de Sanidad Pública y Sostenible, como una gran demostración de fuerza frente a las políticas privatizadoras de nuestros gobernantes, en Toledo y Madrid. Pero, en palabras de Ismael Serrano, de un tiempo a esta parte “todo parece más feo”.  Ahora bien, que no se interprete esto como claudicación. Pero quizá si que valga la pena pararse un poco a reflexionar y tomar de nuevo impulso.

Con todo el agradecimiento a aquellos que han ido siguiendo asiduamente la columna, desde el convencimiento de que solo por ellos ya vale la pena seguir escribiéndola, entiendo que tengo que ser consecuente y no empecinarme en mantener una tarea probablemente estéril. Esto no quiere decir que eche el cierre al blog. Seguro que puntualmente habrá cuestiones sobre las que me apetezca “largar”, y lo haré desde aquí, pero ya está bien de “cansineo” semanal.

¡Hasta otra!

La “burbuja hospitalaria”

 

En un magnífico artículo titulado “El pinchazo de la burbuja hospitalaria”, Elena G. Sevillano explicaba en El País del 2 de marzo cómo se gestó uno de los mayores despropósitos de la política sanitaria de nuestro país, la que se ha dado en llamar “burbuja hospitalaria”. Una estrategia de políticos populistas de diferentes partidos (pero fundamentalmente de lo que ya se conoce como “PPSOE”), con cortedad de miras electorales, que llevó al despilfarro de unos muy limitados recursos (con una inversión pública en sanidad que apenas ha superado el 7% del PIB, muy por debajo de los países de nuestro entorno) en construcciones faraónicas.

Hablaba la periodista del que se decía iba a ser el “mayor hospital de Europa”, una mole en el barrio residencial de Santa María de Benquerencia, en Toledo. Cuando a finales de 2011 fueron suspendidas las obras por el actual gobierno regional “ya se habían gastado 140 millones y se había ejecutado el 30% de la obra, iniciada cinco años antes”.  Los resentidos sueldos de los profesionales sanitarios y los recortes en prestaciones para los usuarios dan una idea de quién paga este y otros despropósitos (ya he hablado hasta la saciedad de los muchas veces innecesarios hospitales comarcales en otras ocasiones).

En el artículo se recogía la opinión de Salvador Peiró, del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), organismo que depende de la Generalitat valenciana, que subrayaba la concentración de estas políticas en lo que podríamos llamar “eje centro-levante”. Madrid y Valencia, las comunidades que han abanderado la estrategia privatizadora, y por medio el “caso manchego” (ya hablé en “Privatizando (III). Protagonistas” del papel que desempeñó Castilla-La Mancha y destacados miembros del ámbito del PSOE en la génesis del primer proveedor de servicios médicos público-privados de España). Señalaba Peiró  que “el incremento del gasto sanitario fue extremadamente clientelar, en ocasiones se asoció a estrategias urbanísticas…  y llevó al despilfarro”. Sevillano recogía opiniones de otros expertos. Así Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, hablaba de “arquetipos de mal gobierno a la hora de abordar inversiones poco meditadas y temerarias, localismo en el desarrollo de centros y carteras de servicio y abandono de referentes técnicos en la planificación de oferta”. Por su parte, José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, decía: “Aquí se da esencialmente una alianza entre constructoras, políticos regionales y políticos locales, con el silencio más o menos cómplice de los demás agentes, que no se atreven a levantar la voz. ¿Quién puede decir que no hace falta un hospital en un sitio concreto, y no correr el riesgo de ser corrido a gorrazos por los vecinos y comerciantes interesados?”.

La respuesta no se hizo esperar. El día 6, en una carta publicada por dicho periódico, el que fuera consejero de sanidad, Roberto Sabrido, cargaba contra los que llama “eminentes profesores”, a los que acusa de no dar “datos para sostener sus afirmaciones”, así como “tampoco quien firma la noticia”. Pero sin embargo él da explicaciones tan ambiguas como la “población que tendría que atender para hacernos una idea real de sus dimensiones” (se refiere al que iba a ser “el mayor Hospital de Europa”, es posible que en la planificación se hubiera tenido en cuenta, entre otras, la población que algunos pretendían ubicar en Seseña), o “que con el número de quirófanos actuales tenemos en la provincia de Toledo listas de espera que superan lo razonable”.

Hace unas semanas dije que tenía que hablar un día de las listas de espera. Y es que este es el argumento preferido por los políticos populistas cuando hablan de sanidad. Pero este concepto encierra una gran heterogenicidad, no se puede “meter todo en el mismo saco”. No es lo mismo la demora en hacer una mamografía a una mujer con una lesión mamaria sospechosa de malignidad, que la demora que pueda existir, por ejemplo, en extirpar un quiste sebáceo. Ponerlo todo al mismo nivel fue lo que llevó a la nefasta política de “peles” y a los conciertos con clínicas privadas que han estado en el germen de la preponderancia que han adquirido las empresas de gestión público-privada. La administración sensata de las listas de espera es una de las garantías de equidad y de sostenibilidad de un sistema público de atención a la salud.

En Salvados, el magnífico programa de Jordi Évole, se trató recientemente el tema de la privatización de la sanidad, bajo el título: “De paciente a cliente”. En él, alguien tan poco sospechoso de animadversión hacia el PSOE como Rafael Bengoa, exconsejero de sanidad del gobierno vasco y flamante fichaje de Obama como asesor para la puesta en marcha de su reforma sanitaria, afirmaba rotundo: “ha habido burbuja sanitaria: el ladrillo en sanidad también ha sido tóxico”.

Reflexiones acerca de un fracaso

Los días 1 y 2 de marzo estaba prevista la celebración en Albacete de las IV Jornadas de Medicina de Familia para estudiantes de medicina. Sin embargo hubo que suspenderlas. La causa fue bastante contundente: 0 inscritos. Después de 3 exitosas ediciones previas, tanto en número de participantes como en las evaluaciones que estos habían hecho, no estábamos preparados para semejante batacazo.

Estas jornadas surgieron como iniciativa del grupo de pregrado de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria (SCAMFYC), con el objetivo de acercar a los estudiantes los contenidos de nuestra especialidad, para ser más conocidos, pero también tratando de despertar el interés por una salida profesional que cada vez cuenta con menos adeptos. Ya expliqué algunas de las razones de esta desafección en mi antigua columna de El Pueblo de Albacete (http://www.elpueblodealbacete.com/articulos/1025-quien-quiere-ser-medico-de-familia/).

Había otro condicionante que nos preocupaba en el momento de su gestación: el cambio de plan de estudios. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (más conocido como Plan Bolonia) supuso la elaboración de un plan de estudios que ponía en peligro el futuro de la enseñanza de la Medicina de Familia en las Facultades de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de la Facultad de Medicina de Albacete (en ese momento la de Ciudad Real aún no había empezado a funcionar) se gestaron una serie de alianzas para hacerse con el control de los órganos directivos y la comisión encargada de elaborar el nuevo plan de estudios. Aunque se partía de unas premisas básicas de una Orden Ministerial (ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero), daban suficiente margen como para hacer un jugoso reparto de créditos, lo que supone disponibilidad de recursos económicos, de profesorado…, y en definitiva poder dentro del sistema.  Agotadas las posibilidades de negociación dentro de la Facultad de Medicina, tuvimos que recurrir al papel mediador del entonces Consejero de Sanidad Fernando Lamata. Gracias a él se pudo conseguir una asignatura de Medicina de Familia: 6 créditos (el mínimo indispensable para tener una asignatura) en 5º curso. Fue un gran logro tal y como se habían puesto las cosas, pero no era exactamente lo que los Médicos de Familia queríamos. Hay que tener en cuenta que la Facultad de Medicina de Albacete había sido pionera en cuanto a la inclusión de una asignatura obligatoria de Atención Primaria (la primera facultad en impartirla en España), que además era la primera experiencia clínica de los alumnos, en 2º curso.

Pues bien, en este contexto surgieron las I Jornadas, todavía impartiéndose la asignatura de Atención Primaria en 2º, al igual que en la siguiente edición. El gran reto, en nuestra opinión, estaba en las III Jornadas, sin estudiantes que cursaran nuestra asignatura (a lo que se sumó el no tener profesores asociados, por no haberse renovado los contratos). Sin embargo, fue la mejor de las tres, con cerca de un centenar de inscritos. A la estrategia inicial de ofertar un crédito de libre elección, se sumó la posibilidad para los alumnos de nuevo plan de estudios, que ya no tienen esta opción, de inscribirse a través de SCAMFYC. Una de las claves del éxito estuvo en la colaboración de los representantes en la Facultad de Medicina de Albacete de la Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA), que hicieron una magnífica difusión entre sus compañeros.

¿Qué ha pasado este año para esta parada brusca? (record de desaceleración: de 100 a 0 en una edición). Seguramente ha habido coincidencia con exámenes. Unos porque se examinaban al lunes siguiente (es normal que optaran por quedarse estudiando), otros porque acababan de examinarse el jueves o el viernes (según la menor de mis hijas también es normal que se elija irse de fiesta antes que asistir a unas jornadas, aunque te estén ofreciendo tu primera experiencia relacionada con la clínica). También es más que probable que no se haya hecho una adecuada difusión de la información, ya que había estudiantes que decían no saber nada, o que pensaban que solo se ofertaba a un sector de los mismos. Los hubo que consideraron que no iba con ellos porque ya habían asistido a ediciones previas; estos no debieron tener acceso a la información sobre los talleres, porque eran diferentes (3 rigurosamente nuevos, y dos modificados de ediciones anteriores). Alumnos de cursos superiores, no se si de 5º o 6º, tenían alguna actividad relacionada con la preparación del MIR, que obviamente les preocupa más…

Siempre he pensado que hay que saber estar “a las duras y a las maduras”, y encajar con deportividad las derrotas igual que no dejarse llevar por la soberbia en las victorias. Pero aún así quiero dejar unas sugerencias de reflexión, como por qué se ha casi impuesto que los estudiantes con mejor curriculum en bachillerato vayan a estudiar medicina (“el amor ya vendrá”). O bien, ¿hubiera ocurrido esto con unas jornadas de transplantes o de cirugía plástica? (por poner ejemplos de actividades que tienen un amplio seguimiento, a la vez que un escasísimo interés en la formación de la inmensa mayoría de los futuros médicos). No podemos olvidar el saturadísimo plan de estudios, en su mayor parte a la medida de muchos de los profesores, no de los alumnos, lleno de contenidos intrascendentes para la formación de los futuros médicos. Por último, no puedo dejar de pensar que si los estudiantes están tan preocupados por el MIR es porque aspiran a sacar un buen número, precisamente para no ser médicos de familia. 

Privatizando (y V, por ahora)

Para cerrar esta serie de artículos sobre la privatización de la sanidad quiero hacer algunas reflexiones, que tienen que ver con la supuesta mejor gestión de la sanidad en manos privadas.

En el reiteradamente citado (en las anteriores entregas) artículo de Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero, se señalaba un dato obvio: los fondos de inversión sanitaria que están detrás de estos grupos de gestión público/privada “son la antítesis de lo que tiene que ser la gestión sanitaria... un expolio para vender después”. Es “dinero anónimo” que, buscando una rentabilidad inmediata, con el que avezados inversores se “apropian del excedente… revenden y pueden dejarte la concesión patas arriba”. En ese mismo trabajo se citaban unas palabras del exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha Fernando Lamata: “El sector sanitario puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Esto ocurre en cualquier sector de la economía, pero en el sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear, pero que es fácil destruir”.

Dónde está la supuesta rentabilidad de la gestión privada. Por una parte en una política de gestión de personal elástica, que permite pagar sueldos menores que en la sanidad pública. Sin embargo muchos profesionales están altamente satisfechos, porque existen sistemas de incentivos que puede hacer redondear jugosos sueldos. ¿Cómo se hace esto? Es sencillo: según las tareas que uno asuma percibe “una recompensa”. Esto puede llevar fácilmente a jornadas prolongadas más allá de lo “físicamente asumible” o a acometer tareas en las que la capacitación pudiera ser más que dudosa.

Otro de los rasgos que definen estos modelos es el centrarse en actividades de alta rentabilidad, como cirugías ambulatorias o de corta estancia, así como la asistencia obstétrica, ofreciendo “el gancho” del “confort hotelero”. Por el contrario, las patologías complejas se derivan al sector público, cuando no son los pacientes los que lo buscan directamente en casos cuya gravedad potencial hace pensar en la mayor dotación científico-técnica de éste. Los modelos privados tienden, en esta dinámica, a buscar pacientes de fuera de las regiones sanitarias que tienen adjudicadas: dado que cobran cantidades fijas de la administración por pacientes atendidos les interesa enormemente estas “captaciones puntuales”.

Es pues un negocio redondo. Te dan las instalaciones, te dan los pacientes, te dan una cantidad fija por ellos, atiendes lo que es rentable y lo que no lo mandas a la pública, y si a pesar de todo hay pérdidas ya viene luego “papá estado” a solucionarlo con el dinero de todos.

Los datos que aportan estas empresas, en los que basan el supuesto abaratamiento de la gestión, no contemplan el elemento esencial en ese contexto: la eficiencia. Es decir, lo que debe de importarnos como ciudadanos y como usuarios (activos o potenciales) es cuánto cuesta disponer de un determinado nivel de servicios y qué resultados (especialmente en indicadores de salud) se obtienen. En este sentido la sanidad pública que hemos tenido en España ha demostrado estar en los puestos de cabeza del ranking mundial. Esos son hechos, lo demás es “venta de humo” y “pelotazos económicos de cuatro listillos”.

Privatizando (IV). Más protagonistas

Decía Paul Krugman en El Pais del 24 junio de 2012 que “la privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver”. Por otra parte “la privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos”. Para no dejarse confundir, este autor recomendaba “seguir el dinero… a medida que se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos”.

Hablé la semana pasada del grupo Capio, llamativamente vinculado a sectores influyentes del PSOE (lo que no quiere decir que no haya importantes sectores de la derecha implicados: tratándose de negocios no cuenta el color político, especialmente si hablamos del que muchos ya llaman PPSOE). Hoy voy a centrarme en el segundo en volumen de negocio, alimentado por los gobernantes peperos. Me refiero al grupo Ribera Salud,  siempre ligado a la sanidad pública. Siguiendo la publicación de Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero,  la Generalitat “lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira”. ¿De dónde salió el dinero? Pues de las cajas de ahorro: Bancaja y la CAM fundamentalmente. Ya sabemos lo que ha sido de ellas, de forma que el grupo ahora está en manos de Bankia y Banco Sabadell. También sabemos de dónde sale el dinero para sanear estas entidades. ¿Dónde está pues esa magnífica gestión privada?

Según se señalaba en el artículo ya mencionado Ribera Salud Grupo ha “participado en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat”: en Torrevieja,  Dénia, Elche… La expansión del grupo ha ido acompañada de la transformación en “un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública”. Esto ocurría a partir de 2007,  estando en relación con “la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira... con estrechos lazos con el PP”. La expansión de la compañía se ha basado en dos autonomías de referencia para el PP: Valencia y Madrid.

Pero, al margen del apoyo financiero de las cajas, ¿quién ha aportado el conocimiento del sector? En el inicio del “experimento del hospital de Alzira” estaba Adeslas. Según señalaba Jaime Prats en el ya referido diario (El País, 6 de enero), esta compañía buscó los socios para un “negocio que consistía en construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la Administración por cada habitante asignado al centro”. Como señalaba el mismo, “los números no salieron… ni el primer año (con unas pérdidas de un millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por valor de 2,67 millones en 2002)”, y aunque se suponía que, como en cualquier negocio privado, las pérdidas correrían por cuenta de los accionistas, fue la Generalitat quien “rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso… en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria… incluyó en el lote la atención primaria… subió la cuota por habitante en un 68%”. 

¿Saben quién andaba al frente de aquellos negocios de Adeslas? Pues se trata de Antonio Burgueño, quien actualmente es director general de Hospitales del Gobierno de Madrid y principal responsable del programa de privatización de la sanidad pública en esa comunidad.

Privatizando (III). Protagonistas

En los artículos de las semanas previas he esbozado el escenario de la privatización de la asistencia sanitaria en nuestro país. Quiero hablar hoy de algunos de sus protagonistas.

Según señalaban Guillermo Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero, el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España es el grupo Capio Sanidad, que en 2011 facturó algo más de 673 millones de euros, de los que alrededor del 75% proviene de las arcas públicas. Pero, ¿quién es Capio? Siguiendo estas mismas fuentes, hay que subrayar que el origen de Capio está en Castilla-La Mancha, mediados los años 90 del pasado siglo, en “una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas”. Este surgió con un interés muy concreto: aprovechar “el hueco” que suponían las listas de espera. Vieron que se podían obtener pingües beneficios vía conciertos, con el objetivo de disminuir las listas de espera. A este proyecto se incorporó “pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista… experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo… y subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González”. Siguiendo el relato de los autores ya referidos, se empezó a operar a pacientes de listas de espera en Albacete, y “en 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores”. En ese momento se planteó la creación de “un gran grupo sanitario”, para lo que echaron mano de Víctor Madera, un médico que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que, según las mismas fuentes, ha tenido como uno de sus mentores a Fernando Lamata, profesor suyo en el master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad. Madera es actualmente el presidente del “grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía… Su figura convenció al fondo de capital riesgo británico CVC”, propietaria del 60% de la empresa. Las compañías de capital riesgo conocen bien este campo de negocio, y son plenamente conscientes de la gran ventaja que supone para el sector sanitario privado “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. En la actualidad Capio está considerado como el grupo más potente, tanto por el tamaño, como por su experiencia, o por contar “con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras”… En el artículo de El País se pone en boca de Fernando Lamata la siguiente afirmación: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.

Resumiendo: en una comunidad autónoma gobernada durante años y años por el PSOE algunas personas perfectamente conocedoras del mundo sanitario, junto a otras perfectamente instaladas en la élite política, ven un magnífico campo de negocio en el “saco sin fondo” de las listas de espera. En consecuencia deciden montar una empresa privada que se abastecerá de pacientes provenientes de la sanidad pública, y ésta pagará los gastos. Es cuestión de hacer una cierta inversión. La cuestión es: ¿por qué no hizo esta inversión la sanidad pública? A la larga le hubiera resultado más rentable. Pero hay muchas más preguntas: ¿por qué no se rentabilizaron al máximo los recursos de la sanidad pública?, ¿por qué tanto énfasis en las listas de espera? (ya hablaré algún día con más detenimiento de esta cuestión; vaya por delante mi convicción de que se trata de un asunto utilizado con demagogia, sin delimitar qué es o no demorable, y sin abordar que es una de las garantías de sostenibilidad y equidad de los sistemas públicos de atención a la salud). Pero diría incluso más, la promulgación de la Ley de Garantías en Atención Especializada o la construcción de hospitales comarcales innecesarios, algunos ahora próximos a ser privatizados, ¿a qué fin último respondían?

 

Privatizando (II). Alternativas

Terminaba la semana pasada con una referencia al artículo de García Vega en El País del 28 de octubre, en un suplemento sobre “Los recortes de la salud”. Según se señalaba en el mismo,  “la sanidad deja de ser un derecho universal para convertirse en una contraprestación por los años cotizados”, y se busca “excluir a ciertos colectivos y favorecer el aseguramiento privado”, en opinión del analista en comunicación Enrique Alcat y del portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública Marciano Sánchez Bayle, respectivamente.

Daba García Vega algunas cifras que hablan por sí solas de la buena salud de la privada, como que el 30% de los españoles tiene doble aseguramiento, o que el volumen de primas del seguro de salud privado en el primer semestre del año pasado experimentó un crecimiento del 3,16% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Abundaba en este tema Alfonso Simón, a través de datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), que en junio de 2012 mostraban que el total de asegurados había crecido un 1,06% en los 6 meses previos, alcanzando los 10,5 millones de ciudadanos asegurados; en primas el resultado era aún mejor, con el referido aumento del 3,16% interanual, alcanzando los 3384 millones de euros de ingresos en el primer semestre. Como indicaba Simón, “estas compañías saben que la lentitud de respuesta en la sanidad pública, para ciertas pruebas, consulta al especialista o intervenciones no urgentes, se convierte en su mejor baza”. Bien lo saben los usuarios del SESCAM, especialmente aquellos que en los últimos meses hayan recurrido a realizarse, por ejemplo, una ecografía en una clínica privada, ante la desproporcionada lista de espera de la sanidad pública.

Según Simón, “el motor en las pólizas continúa siendo la contratación colectiva, la que las compañías pagan a sus trabajadores y familiares”. Y es que “estos seguros tienen ventajas fiscales, pues no se consideran retribución en especie hasta que no superan los 500 euros anuales por persona”. En conjunto, “unos 6,1 millones de ciudadanos utilizan esta asistencia sanitaria, a los que se suman 1,9 millones de funcionarios de las mutualidades como Muface…, los 1,05 millones de las concesiones de los hospitales públicos…, y los 2,3 millones de salud dental”.

En ese suplemento se aportaban alternativas a los recortes, en la línea de las que he expuesto en repetidas ocasiones, en un artículo firmado por Elena Sevillano y que trataba de lo que se ha dado en llamar “desinversión”, que no es otra cosa que dejar de hacer lo que no sirve. Así, Ignacio Riesgo en el informe “Diez temas candentes de la sanidad española para 2012”, habla de “lucha contra el despilfarro”, que cifra en un 30-35%, y que clasifica en tres tipos: “el que deriva de la conducta de los individuos (obesidad, tabaco, falta de ejercicio), el operativo, referido a compras y procesos, y la actividad clínica, con pruebas repetidas e innecesarias y prolongaciones de  estancias en el hospital”.

Jaume Puig-Junoy, profesor de la de Universidad Pompeu Fabra, subraya en este sentido que “menos de lo mismo no lleva a ninguna parte”, por lo que propone una “reforma inteligente: dejar de gastar en tratamientos y procedimientos de escaso valor para la salud según criterios clínicos y científicos, y pagar de forma selectiva por las innovaciones”, “convertir en emprendedores a los que trabajan en la atención primaria”, “pagar por tener sanos y controlados a los pacientes con problemas de salud crónicos” y “dejar de pagar fortunas por cualquier novedad sin tener en cuenta la aportación terapéutica”.

Sevillano subrayaba “la necesidad de evitar el uso inapropiado de la tecnología”, y daba como ejemplo el número de TAC y resonancias que se realizan en España por habitante y año, superior en un 23% a la UE. En cuanto al concepto de “desinversión”, recoge un estudio realizado por el Servicio Nacional de Salud británico, que “concluye que podría ahorrar 500 millones de libras anuales quitándose de encima los tratamientos menos efectivos”. En esta línea recoge algunas recomendaciones de Puig-Junoy, entre las que quiero destacar dos: “publicar una lista con criterios clínicos y científicos de lo que no hay que hacer” y “establecer criterios racionales y transparentes de priorización de las listas de espera”.